Libertad de prensa y debido proceso, al estilo de La Habana

El último montaje hecho en mi contra, usando la técnica mañosa de la violación al debido proceso y a la legítima defensa, llega por cuenta del rector de la Universidad Militar y conversador con el ELN para los diálogos con estos terroristas: El general Eduardo Herrera Berbel

No es la primera vez que la Fiscalía General de la Nación me ha llamado para responder por acusaciones de Injuria y Calumnia. Siempre he asistido y siempre, en todos y cada uno de los casos, he demostrado con pruebas en la mano que lo que he publicado es veraz y tiene sustento probatorio. Y también he defendido mi derecho constitucional a expresar mis personales puntos de vista cuando así ha sido necesario.

Yo tengo la plena convicción de que cuando la Fiscalía se dio cuenta de que citándome a diligencias no podrían cumplir su sueño de silenciar este medio de comunicación, planearon, al mejor estilo chavista, la mejor manera de hacerlo: con trampas y triquiñuelas dignas de los hampones de La Habana quienes, también, han intentado sin éxito atentar contra mi vida.

No por nada, en esa conversación que conocí de primera mano, donde intervenían Timochenko y otros terroristas, y donde se daban las puntadas finales para asesinar a Álvaro Uribe en octubre de 2013, también se suministraban instrucciones para atentar contra mí por la única razón de ser un “periodista molesto” que entorpecía el proceso de paz y publicaba las hojas de vida de los dialogantes de ese amancebamiento.
Cuando denuncié esa conversación, que la Fiscalía y el gobierno conocían perfectamente, la respuesta de Santos fue ordenar a Andrés Villamizar (director de la UNP y amigo de La Habana, donde su padre fue embajador) que me quitara el esquema de seguridad de inmediato, cosa que Villamizar cumplió con la celeridad del rayo, y con sumo agrado.

Por supuesto, coloqué el denunció del atentado contra Uribe y contra el Procurador Ordóñez, ante las autoridades competentes. Pero éstas decidieron archivar la denuncia considerando que actualmente los asesinos y el gobierno están en ese proceso de impunidad para los bandidos y lavado de sus dineros provenientes de narcos, que ellos han bautizado como “proceso de paz”.
Fue cuando cayeron en cuenta de que ellos tienen en sus manos la mejor manera de destruir a los opositores del gobierno y a los periodistas que denunciamos la criminal vagabundería: los estrados judiciales.
Pero, como en todos los casos –como ya lo dije- he demostrado siempre tener la razón, encontraron la manera más expedita de encarcelarme: La violación del debido proceso.
En el caso de Ángela María Buitrago, la ex fiscal que usó testigos falsos y testimonios con firmas falsificadas para condenar al coronel Plazas Vega, ella y su abogado y amigo William Monroy, conocido de autos por la persecución feroz que hace en contra del uribismo, colocaron un denuncio en la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía. No sé aún la razón de haberlo radicado ahí, pero presumo que la acción fue movida por algún sentimiento de amistad con los funcionarios de allá. El proceso estuvo ahí durante casi 5 años, tiempo en el cual me interceptaron mis comunicaciones, mails, etc., y los de mi familia, incluyendo a mis pequeños hijos. Algo macabro.
Como no encontraron nada, supongo, el proceso lo “bajaron” de la Unidad Antiterrorismo a una fiscalía cualquiera. Allí usaron la treta de la violación al debido proceso: Jamás me notificaron para que yo pudiera defenderme.
Al no estar yo enterado de nada, ni recibir notificación, el proceso avanzó hasta llegar a un juez que me hizo la imputación de cargos, embargándome el único modesto bien que me ha quedado de esta lucha, y anunciándome que tendré cárcel de 7 años si no me declaro culpable. Si lo hago, me dijeron, me condenarán a 3 ó 4 años. Pero todos sabemos que una cárcel para mí es una sentencia de muerte que se cumplirá en la primera semana de reclusión.

Al mismo tiempo, se anunció por los medios de comunicación que se me estaba montando un kafkiano proceso por intento de golpe de Estado contra el régimen de Santos, según lo había declarado el famoso “hacker Sepúlveda”. Por eso salí del país avisando a la Justicia, eso sí, que estaré dispuesto a cumplir los requerimientos de la misma desde donde me encuentre.
Tan pronto abandoné el país, Andrés Villamizar, en un proceso manejado directamente por el despacho del Vicefiscal Perdomo, íntimo amigo suyo, me volvió a montar ese caso que ya estaba –así lo creía yo- culminado. Supongo que el señor Villamizar y el vicefiscal Perdomo creyeron que sería muy fácil condenarme en ausencia porque desde el despacho de Perdomo me enviaron un par de emails diciéndome que era obligatorio que yo revelara la dirección exacta donde yo estaba viviendo en Estados Unidos. Le contesté que, para notificarme, bien podía hacerlo por email –como efectivamente lo estaban haciendo- sin necesidad de revelar mi ubicación, con la seguridad de que yo acudiría ante ese ente a responder. Insistieron en que era mi obligación revelar mi ubicación exacta para demostrar que yo estaba dispuesto a “colaborar con la justicia”.
Esa “ubicación exacta” estuvo a punto de ser descubierta por un personaje que viajó hasta Washington con el único propósito de atentar contra mi vida, casi que simultáneamente con los requerimientos del despacho del vicefiscal. Este individuo tuvo la capacidad logística de decidir su viaje un sábado por la noche y volar hasta Washington D.C. al siguiente día y comunicarse conmigo para tenderme una celada. Dijo este personaje que estaba en esos precisos momentos con una congresista republicana que quería ayudarme, y que era urgente que yo me encontrara con este sujeto. Me dijo que si no podía movilizarme, él podría ir hasta donde yo estuviera. Cuando me manifesté que estaba de trasteo y acompañado por varios amigos, marines norteamericanos, con quienes iría a encontrarme con él, al individuo se le terminaron las ganas de entrevistarse conmigo.
Todas los requerimientos judiciales que me han hecho en Colombia, los sigo atendiendo mediante mi abogado a quien, curiosamente, lo asaltaron justo después de acudir a una de esas diligencias de la ex fiscal Buitrago, drogándolo y robándole todos los documentos que llevaba encima.
El último montaje hecho en mi contra, usando la técnica mañosa de la violación al debido proceso y a la legítima defensa, llega por cuenta del rector de la Universidad Militar y conversador con el ELN para los diálogos con estos terroristas: El general Eduardo Herrera Berbel.
Este señor se molestó demasiado por un artículo que publiqué sobre los manejos que se dan en la Universidad Militar, cuestionando principalmente que él no cumple con los requisitos normativos para ser rector por cuanto carece de los títulos académicos necesarios. (1)

El general decidió colocar una tutela en mi contra. Tampoco entiendo el porqué, puesto que no soy ente gubernamental y él tiene mecanismos legales para denunciarme, como lo puede hacer por Injuria y calumnia, ante la Fiscalía.

Como en el caso de la Buitrago, no se me notificó. Dice el fallo del juez Luis Antonio Murillo Gómez, que me enviaron correos electrónicos a unas casillas de correo que nunca han sido mías, y que allí me notificaron. Aseguran que, como supuestamente me rehusé a asistir en los momentos procesales pertinentes, se me condenó a una multa de dos salarios mínimos legales y a un arresto de 5 días en las celdas de la SIJIN. Lo curioso es que la notificación del fallo sí me la enviaron, como en el caso de la Buitrago, al correo electrónico correcto. Tal y como en muchas ocasiones me han llegado las amenazas del general Herrera Berbel y sus segundones.
Como siempre ha sido mi estilo, procederé a usar las herramientas legales de que se disponen en Colombia para impugnar tan maquiavélica sentencia.
Pero queda el sabor amargo de que mis denuncias por las interceptaciones ilegales que me hizo un miembro de la Mesa de La Habana, quedaron impunes. Como quedó impune mi denuncia contra Andrés Villamizar cuando me acusó de que yo abusaba sexualmente de mis tres hijos menores de edad. Y como quedó impune el intento de secuestro y homicidio del que fui víctima, sin importar que la acción quedó registrada en las cámaras de la Policía Nacional y que suministré un retrato hablado de uno de los criminales. Y, obviamente, como quedará impune mi denuncia contra Timochenko por su orden de asesinarme.
Esa es la justicia castrocomunista que ha encarcelado en Colombia a quienes se han opuesto a las pretensiones del terrorismo.
¿Y qué dice la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP)..? Pues lo mismo que le dijo a Andrés Villamizar: que él tenía todo el apoyo de esa ONG para denunciarme y hacer que me encarcelaran.
Por fortuna estoy fuera del alcance de esos bandidos, al menos por ahora. Y desde acá seguiré cumpliendo con la tarea de denunciar, informar y opinar sobre lo que sucede en Colombia. Así al dueño de la chequera y su combo de sinvergüenzas y cómplices les moleste.
Colombianos, bienvenidos a la justicia de La Habana.

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