¿Y QUÉ PASÓ CON LOS 33 MIL MILLONES DEL ROBO EN LA UNP?

He leído con mucha atención el disciplinario que la Procuraduría le abrió a Julián Marulanda, ex Secretario General de la Unidad Nacional de Protección, UNP, por el monumental robo que hubo en ese organismo que dirigió Andrés Villamizar Pachón, miembro segundón del corrupto clan Galán, y protegido por Germán Vargas Lleras.

Pensé que esta investigación demostraría la culpabilidad de Marulanda -culpabilidad de la cual dudo-, pero no. Es otro rosario de torcidos y favores mafiosos que, estoy totalmente seguro, el Procurador Alejandro Ordóñez desconoce.

La investigación de la Procuradora Delegada para la moralidad Pública, doña María Consuelo Cruz Mesa (misma que extrañamente archivó el proceso contra Pablo Ardila), parte de una nota de prensa, del diario El Espectador, claramente propagandística a favor de Andrés Villamizar y que también encubre a su amigo del alma, Alonso Miranda.  Esa es la única prueba que la Dra. Consuelo Cruz toma, ignorando que hay más de 700 notas, con documentos y otra carga probatoria, donde se demuestra que Villamizar es el responsable máximo y que Alonso Miranda, o bien participó del ilícito beneficiándose, o lo ayudó a encubrir para beneficiar a su amigo Andrés.

Cuando el director del CTI, Julián Quintana, de la cuerda de Villamizar, salió a los medios recitando el libreto diseñado en

Luis Carlos Cervantes. Andrés Villamizar le quitó el esquema de seguridad porque, según él "ese negrito solo pone música en la emisora". Y lo asesinaron

compañía del entonces director de la UNP, asegurando que había una banda en esa entidad, comandada por Julián Marulanda, en Periodismo Sin Fronteras anunciamos que esto no era más que una cortina de humo lanzada por ese par de amigos para evitar las investigaciones contra el Director de la UNP por los asesinatos de periodistas y líderes comunitarios antifarc a quienes la UNP, siguiendo órdenes de Villamizar, les quitó el esquema de seguridad facilitando el accionar de los terroristas, quienes finalmente los masacraron.

En esa ocasión, Quintana acusó a Julián Marulanda de varios delitos, como: 1. Que amañaba los pliegos de licitaciones para beneficiar a ciertos contratistas. 2.Que controlaba el proceso de licitación para beneficiar a esos mismos contratistas. 3.Que era culpable de la ejecución irregular de los contratos. Que los contratistas no cumplían con el objeto del mismo, y que aún así Marulanda les pagaba. 4. Que Marulanda cobraba coimas a los contratistas, cerca de 10 millones por factura. Acusaciones todas fáciles de tumbar con solo mirar el Manual de Funciones de la Unidad Nacional de Protección para determinar quién era el responsable de la contratación y de los pagos.

La procuradora se concentra en buscar la culpabilidad de Marulanda, desestimando que el escándalo sobrepasa ya los 33 mil millones de pesos robados; a ella sólo le importa el supuesto cobro de esos 10 millones en coimas y la relación contractual entre la UNP y la Unión Temporal Protección 33, la empresa del temido Jorge Moreno donde, ¡oh casualidad!, trabaja Diana Botero, una especie de Cuchimaque de Villamizar, algo así como su mandadera.

Aunque Quintana, director del CTI, dijo que la banda llevaba dos años, con cientos de episodios que podrían investigarse, a la procuradora María Consuelo Cruz únicamente le interesa el episodio de la captura de Jorge Eduardo Molino, y resalta el artículo de El Espectador para sancionar este único caso, dejando el 95%, que es la ‘carne’ del escándalo, totalmente de lado.

Pareciera que a la procuradora Cruz no le importara realizar la investigación de la corrupción en la UNP, sino apenas hacerle el favorcillo a Andrés Villamizar. Un favor que, según nuestras fuentes, fue gestionado por otro Procurador Delegado.

Andrés Villamizar en medio de Yalena Jácome y su mamá, Maruja Pachón de Villamizar, Directora de la Corporación Escuela Galán, depositaria de jugosos contratos con el gobierno de Santos

Se trataría de un íntimo amigo del ministro de Juan Manuel Santos, Aurelio Iragorri Valencia, quien fuera jefe de Villamizar, y que luego del escándalo resultó con auto blindado nuevo y escoltas provistos por la UNP, algo irregular -si no, abiertamente ilegal (prevaricato)- porque un procurador no puede ser protegido por la Unidad Nacional de Protección debido a que no forma parte de su población objetivo. La Procuraduría tiene su propio sistema de protección y es totalmente anómalo que alguien de la Procuraduría sea provisto por la UNP de esquema de seguridad.

Nosotros ubicamos al Procurador Delegado, quien negó todas las acusaciones y negó conocer alguna vez a Villamizar, y mucho menos haberse citado a almorzar para “embolatar” el proceso en contra del ex Director de la UNP. Por tal razón, y hasta que no tengamos la prueba de tales hechos, nos reservamos su nombre.

El asunto es que el proceso UNP se lo pasan a la Procuradora Cruz Mesa, que gana algo más que un congresista, y quien evidentemente se muestra poco interesada en descubrir lo que sucedió con esos 33mil millones robados, y se concentra en citar a dos testigos que probarían el pago de la ridícula coima a Marulanda. Llama a Carlos Bermúdez Cuchimaque, y al representante legal de Protección 33, Héctor Giovani López, quien rinde un testimonio sumamente extraño: Dice que efectivamente fueron presionados por gente de la UNP que les pedían plata. Dice López que ese caso lo llevó hasta la Junta Directiva de Protección 33.

Mi pregunta es: Si López no hizo nada ilegal y llevó ese caso ante la Junta Directiva de Protección 33, ¿Quiere decir que los pagos de coimas fueron aprobados por la Junta Directiva?

¿Existe un acta de esa Junta Directiva que pruebe que ese asunto fue expuesto por López? Si existe tal acta, ¿Qué decisiones se tomaron allí?

Más cosas extrañas: Se asegura que Bermúdez Cuchimaque decide denunciar el cobro de coimas y que Protección 33 -que estaba pagando las coimas- lo acompaña en esa tarea. ¡Qué raro..! ¡Eso es una confesión de su propio delito!

Rafael Merchán a la izquierda, y Andrés Villamizar, a la derecha, en el matrimonio de uno de los Galán Pachón. Entre todos salieron a culpar a Marulanda por la corrupción en la UNP

En una declaración a la W (1), Héctor Giovani López dice que Julián Marulanda jamás les exigió dinero alguno, y que se sabía que era Luis Eduardo Molino el que cobraba las coimas. Dice López que entre la Secretaría de Transparencia y la Fiscalía General de la Nación le montaron la trampa a Molino, lo indujeron a cometer el delito. Es decir, eso fue -según nuestro etendimiento- una conspiración criminal entre Rafael Merchán y Julián Quintana. Gravísimo.

Entonces, la Procuradora María Consuelo Cruz Mesa, quién sabe cómo, infiere que Bermúdez Cuchimaque es una especie de alma de Dios, y que cuando Marulanda dice la palabra “chocolatinas”, en realidad quiere decir “pago de coimas”, y otras bellezas por el estilo. Dice Bermúdez Cuchimaque, también, que Marulanda no concertó las coimas con él sino con Jorge Moreno, el dueño de la empresa Protección 33.

Lo increíble es que la Procuradora, basándose en el testimonio de Bermúdez Cuchimaque, condena a Julián Marulanda, pero jamás llama a Jorge Moreno ni sanciona a su empresa, que ha seguido contratando con el Estado.

“Tengo suficientes indicios para elevar pliego de cargos”, dice la Procuradora María Consuelo. Pero el listado de documentos que reseña como “indicios” no tiene nada que ver con el delito, con el pago de coimas. Solo copias de contratos. Ni un indicio. Nada.

¿Si hay delito de cohecho por qué las empresas siguen contratando con el Estado? ¿Siendo parte del delito, por qué no las investigan ni las hacen parte del proceso?

Según Andrés Villamizar, a finales de julio de 2014 le llegaron noticias acerca de hechos de corrupción en cabeza de Julián Marulanda, con todas las pruebas necesarias. Si esto es cierto, ¿por qué Villamizar dejó a Marulanda encargado de la UNP cuando viajó en la primera semana de agosto de 2014?  ¿Por qué no lo separó inmediatamente del cargo, sino que esperó hasta el 24 de agosto?  ¿Qué estaba esperando? ¿Acaso la captura de Molino a quien lo indujeron al delito?

Por lo visto, el robo de los más de 33mil millones de pesos en la UNP quedará impune. Si miramos el Manual de Funciones de la UNP, vemos que el responsable, el que firmaba los cheques y los contratos, era solamente Andrés Villamizar Pachón, el segundón del clan Galán Pachón, el protegido por Vargas Lleras, el amigazo del senador Alfredo Rangel y todo el combo de izquierda del Centro Democrático, y quien, aseguran sus conocidos, ahora presuntamente andará planeando un golpe más lucrativo.

Es que 33mil millones de pesos deben ser un botín esmirriado para la altura del clan Galán Pachón.

@ricardopuentesm

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