DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN

En el Perú ejercemos la participación política eligiendo a los representantes que nos gobernarán. Los que necesariamente han de ser candidatos de partidos políticos, aunque el art. 12 de la Ley de Elecciones concede al ciudadano la participación política directa sin la necesaria intermediación partidaria.
Aún en pleno ajetreo electoral para cambiar de gobierno, la circunstancia es propicia para revisar y reflexionar sobre la modalidad democrática que hemos adoptado: régimen presidencialista, república unitaria y parlamento unicameral.
Otros países forman sus gobiernos practicando las diferentes variantes democráticas. Por lo que surge la cuestión de si, nuestro Congreso, debería permanecer unicameral, o debería retornar al Parlamento con senado y cámara de diputados.
Además, hay preocupación por perfeccionar la genuinidad de la representación política. Hay insatisfacción ciudadana por la incorrecta representatividad del sistema imperante.
Nuestra Constitución de 1933 instituyó el Senado Funcional. Que no fue aplicado durante los 50 años de existencia del documento, aunque de menor cantidad de años de vigencia plena, debido a las interrupciones del sistema con motivo de las crisis de la representación democrática.
Los partidos cumplen una función representativa, pero no la agotan y generan un vacío e insatisfacción, si solo partidariamente se intenta obtener autenticidad en la representación política.
Para incrementar la participación ciudadana y la autenticidad representativa. Puede restaurarse el Senado Funcional, integrado con las organizaciones que dan vitalidad a la sociedad y con las instituciones tutelares que la modelan: gremios empresariales y profesionales y de oficios, instituciones armadas e iglesias, entre otras.
Ya existe una experiencia constitucional de estas modalidades de representación social funcionales, como es la conformación del Consejo de la Magistratura.
Urge reformar la representación política para elevar la calidad y competencia en la elaboración de las leyes, la eficacia del control político y en el deber del congresista de atender al ciudadano en sus preocupaciones y necesidades.
Publicado en el diario “La Razón”, Lima, viernes 22 de enero de 2016, pág. 6

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