Los colombianos nos enfrentamos ante una disyuntiva tan legítima como delicada. Sin tener tradición histórica en golpes de Estado, vemos alarmados cómo el presidente Juan Manuel Santos y sus ministros, además de los altos mandos militares, están violando el orden constitucional entregando los territorios de la patria y la vida de los ciudadanos en manos del terrorismo marxista internacional que dirigen los Castro desde Cuba.
¿A quién le debe obediencia nuestra Fuerza Pública? ¿A la Constitución o al gobierno de turno que la viola constante y flagrantemente? La respuesta es apenas obvia.
Juan Manuel Santos no solamente ha desconocido el mandato constitucional y las obligaciones legales que condenan la Traición a la Patria, mediante los acuerdos y complacencias con los narcoterroristas, sino que, además, ha menoscabado la integridad nacional atentando contra el patrimonio del país mediante ventas de activos estratégicos y vitales como Isagen, en condiciones inexplicables, lesivas y desventajosas para el país, y mediante desfalcos como el de Reficar, Unidad Nacional de Protección y otros menos publicitados por nuestra enmermelada prensa.
Los delitos de Juan Manuel Santos contra la existencia y seguridad del Estado son palpables. Concediendo licencia a los narcoterroristas para que transiten armados por el territorio nacional y hagan proselitismo a punta de armas de guerra, al mismo tiempo que ordena a la Fuerza Pública el despeje del territorio donde actuarán los criminales, exponiendo a la población civil a los atentados terroristas y sometiéndolos sistemática y deliberadamente a su accionar, como lo sucedido recientemente en El Conejo, Fonseca, en la Guajira, donde, además, entraron acompañados de ejércitos armados de otra nación (Venezuela), son pruebas más que suficientes para que Juan Manuel Santos sea destituido de inmediato.
Lamentablemente, el único organismo que pudiera iniciar una acción contra un Presidente de la República -sea quien fuere- es, por orden Constitucional, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un ente tan desprestigiado como putrefacto. Si la Cámara iniciara una investigación y decidiera acusarlo, el caso pasaría al Senado de la República, y de allí a la Corte Suprema de Justicia. Todos, sin excepción, instancias contaminadas por la corrupción y la politiquería, y todas embardunadas con la mermelada presupuestal de Santos.
El otro escenario posible es que las Fuerzas Militares inviten al presidente Santos a que renuncie. Un ejemplo exitoso de esta medida fue cuando la Junta Militar invitó al dictador Rojas Pinilla, quien se estaba limpiando el trasero con la Constitución, a dejar su cargo. En esa ocasión Rojas Pinilla renunció, la Junta militar convocó de inmediato a elecciones democráticas, y Colombia retomó el sendero de la institucionalidad.
Pero dudo que haya oficiales respetuosos de la Constitución, ajenos al “bono del silencio” y no contaminados por los paseos a La Habana, que estén dispuestos a hacerle esta invitación a Santos para que respete la Constitución o renuncie.
Otra forma de que el tirano Juan Manuel Santos abandone la presidencia, es la presión ejercida mediante la desobediencia civil pacífica. Las marchas populares, los paros de trabajadores, las manifestaciones estudiantiles y la presión de todos los sectores, incluidos los industriales y las reservas, obligarán inexorablemente a la renuncia de Santos. Él no podría hacer otra cosa si las fábricas y los negocios cierran y se moviliza ese 87% de los colombianos que no queremos una paz sin justicia, una impunidad de los terroristas.
El sacrificio es grande pero vale la pena. Juan Manuel Santos, en su delirante afán por entregar el país a sus aliados
ideológicos, pisoteando los derechos de los colombianos, y revelando ubicación de nuestras tropas al enemigo para facilitar sus criminales acciones, está llevando a la nación a una gran confrontación. Si él, ingenuamente, cree que seguiremos el patrón de comportamiento de nuestros hermanos caribeños venezolanos, que solo han despertado cuando el hambre los acosa, es que desconoce la historia nacional. Colombia no es Venezuela, señor Santos.
Los tiranos jamás han durado mucho en el poder en nuestro país. Empezando por el mismo Simón Bolívar quien, cuando quiso convertirse en emperador de nuestros destinos, teniendo ya lista su corona de reyezuelo, se chocó de frente contra los intelectuales y militares neogranadinos que, unidos, lo obligaron a recular en sus deleznables ambiciones personalistas.
Es hora de recurrir a la solidaridad para que la sociedad, la nación entera, se decida por la causa de la libertad y la democracia. La paz que quieren Santos y FARC-PCC-ELN es la paz de los sepulcros.
Nuestra Patria no puede arrodillarse ante las pretensiones extorsionistas de un puñado de criminales narcotraficantes marxistas que quieren ignorar que por nuestras venas corre la sangre de antepasados que dieron sus vidas por la libertad y la libre autodeterminación.
Nuestra historia reciente está repleta de intentos de traidores para postrarnos ante mafias criminales internacionales. Santos no es el primero que lo intenta, pero nosotros tampoco seremos los últimos en impedirlo.
Hay que machar este 2 de abril de 2016, pero sin perder de vista que el objetivo final de ésta y otras movilizaciones deber ser la destitución de Juan Manuel Santos o la invitación a que renuncie.
Si no queremos al terrorismo gobernando, no hay otra salida
@ricardopuentesm