Ciertamente, la actuación de varios actores internacionales no fueron determinantes en la instalación de la nueva Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, el pasado 5 de enero, pero tampoco se puede negar que fueron de especial importancia, específicamente para que ese acto transcurriera en relativa paz.
Como bien ha expresado el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chuo” Torrealba: “El civismo del pueblo, el compromiso de la FAN y la vigilancia internacional hicieron posible una jornada pacífica”.
Como ha sucedido en los últimos meses, y en particular desde las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, la comunidad internacional democrática ha cumplido un papel notable, realizando la necesaria vigilancia y presión al régimen chavista, y conteniendo así su intención de traspasar los límites democráticos; aún más de lo que ya lo ha hecho.
Antes del acto de instalación de la Asamblea Nacional democrática, es de resaltar el manifiestosuscrito por varios eurodiputados, miembros del Parlamento y representantes de partidos políticos de España, en respaldo al pueblo venezolano, a la democracia y al nuevo Parlamento representado por sus 112 diputados electos por voluntad ciudadana, y en contra de lo que denominaron “el golpe a la democracia” por parte de los parlamentarios oficialistas. Y en efecto, esos diputados salientes, justo antes de culminar su mandato y mediante irregularidades legales y violatorias de la Constitución Nacional, designaron 13 miembros del Tribunal Supremo de Justicia, quienes a su vez impugnaron a cuatro diputados electos en los comicios del pasado 6 de diciembre.
También fueron de gran apoyo democrático los comunicados de la Unión Europea y del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que se expresó textualmente: “Seguimos preocupados por la controversia que rodea la toma de posesión de algunos representantes electos y llamamos a una resolución de esta disputa de manera transparente y que refleje las preferencias de los votantes venezolanos”.
Esta preocupación y solicitud pública por parte de un Gobierno que tiene bajo investigación por lavado de dinero y narcotráfico a varios funcionarios chavistas, acobardó al régimen de Nicolás Maduro, aunque el presidente venezolano haya salido inmediatamente a cuestionarlo, con el consabido argumento de ser otro acto de injerencia imperialista.
No menos importante fueron los comunicados de los ministerios de Relaciones Exteriores de Costa Rica y Brasil. El del último Gobierno de la “amiga” del chavismo, Dilma Rousseff, fue especialmente duro. El mismo señala que: “No hay lugar en la América del Sur del siglo XXI para soluciones políticas fuera de la institucionalidad y del más absoluto respeto a la democracia y al Estado de Derecho”. Indudablemente, como bien dice el diario español El País, “El texto brasileño es una crítica inequívoca a la tentativa del chavismo de impugnar judicialmente la toma de posesión de diputados de la oposición y otras maniobras, como la creación de un Parlamento paralelo”.
Pero sin duda, fue fundamental la presencia en el acto de numerosas personalidades, diputados y periodistas extranjeros, así como representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en Venezuela, en el propio acto de juramentación del nuevo Parlamento. Todos, incluidos el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana y el presidente del Senado mexicano, vieron, vivieron y denunciaron los controles y agresiones chavistas y las de sus grupos violentos. Pastrana pidió abiertamente al mandatario nacional respetar la voluntad del pueblo, expresada en los comicios parlamentarios.
Aun cuando los diversos actores democráticos de la comunidad internacional han mostrado un respaldo significativo y muy positivo hacia los demócratas venezolanos —apoyo prácticamente inexistente durante casi todo el Gobierno del expresidente Hugo Chávez—, de ahora en adelante su actuación debe ser más clara y contundente, porque tras la instalación del nuevo parlamento se ha iniciado en el país una irreversible transición democrática que no será nada fácil.
El nuevo presidente de la AN, Henry Ramos Allup, ha asegurado que el organismo implementará en seis meses un mecanismo “para cambiar de Gobierno” y desmantelar el sistema castrocomunista, lo cual, sin duda, será enfrentado (hasta con violencia, cuando puedan) por el Ejecutivo directamente, o a través de los poderes públicos, gobernaciones y alcaldías que aún ese poder controla. Todo ello, en medio de una crisis socioeconómica y humanitaria explosiva.
De modo que hoy es más necesaria que nunca la solidaridad y la acción firme de otros gobiernos, parlamentos, partidos, organismos multilaterales y transnacionales de todo tipo, así como de la prensa internacional. Seguramente lo harán porque la coyuntura venezolana y global han cambiado; y le exigen a la comunidad internacional democrática, en especial a la latinoamericana, defender sin debilidad sus valores y su seguridad democráticos, hoy fuertemente amenazados.