Ocho jueces de la Corte Federal de Auditorías de Brasil indicaron este miércoles 7 de octubre que la presidenta Dilma Rousseff violó prácticas contables y la ley de Finanzas durante el año 2014; esto, tras darle uso a dinero de bancos estatales para cubrir déficits presupuestarios.
El reporte de la Corte asegura que Rousseff adelantó fondos para pagar programas sociales, lo que podría significar el inicio de un procedimiento de investigación e inculpación por la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso.
En caso de que el Congreso rechace las cuentas, pudieran atribuirle a la presidenta el crimen de improbidad administrativa, que puede resultar en una solicitud de destitución.
Desde 1937, en el mandato del presidente Getúlio Vargas, el Tribunal de Cuentas de ese país no había rechazado las cuentas de un Gobierno. Pero Rousseff no solo será investigada por ese desvío ilegal de fondos, sino que, además, este martes 6 de octubre la Corte Suprema Electoral de Brasil anunció que la presidenta será investigada debido a la posibilidad de que su campaña haya sido financiada con dinero ilegal.
La decisión del ente judicial electoral surge luego de las cinco demandas interpuestas por el Partido Socialdemócrata (PSDB), el cual afirma que el Partido de los Trabajadores financió la campaña de la presidenta brasileña con donaciones de empresas involucradas en el caso Petrobras, el escándalo de corrupción más grande en la historia de ese país.
El PSDB señala a Dilma Rousseff y al vicepresidente brasileño Michel Temer “de abuso de poder económico y fraude con la realización de gastos de campaña y valor que sobrepasó el límite informado y financiación de campaña mediante donaciones oficiales de empresas contratadas por Petrobras, como parte de la distribución de sobornos”.
Esta es la primera vez que la Corte Suprema Electoral abre una investigación de este tipo contra un mandatario en funciones. Este mecanismo puede concluir en la anulación del mandato de Dilma Rousseff y el llamado a nuevas elecciones presidenciales.
En septiembre, la economía brasileña se derrumbó. La divisa de ese país, el real, se ubicó a 4,03 unidades por dólar estadounidense, lo que significó una devaluación de la moneda del 33% en lo que va de 2015. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) por su parte, informó que la economía de Brasil sufrirá una contracción de 2,8% en 2015 y de 1% en 2016.
A esta crisis económica que el Gobierno de Rousseff debe superar, se le adiciona el caso de corrupción de Petrobras, en el cual empresas obtenían contratos mientras inflaban los valores, y las diferencias se repartían entre directivos de la petrolera y algunos políticos.
La lista de nombres involucra a 49 altos dirigentes políticos brasileños que gozan de fuero; la mayoría de ellos pertenecientes a la coalición gobernante del PT.
Popularidad en picada
Bajo este panorama, la mandataria brasileña ha visto desplomarse su popularidad a un 10% en estos últimos diez meses.
De acuerdo con un sondeo de la encuestadora brasileña Datafolha publicado en el mes de agosto, Dilma Rousseff es la presidenta con menor apoyo popular desde el fin de la dictadura de ese país. El estudio reflejó que el rechazo hacia su Gobierno llega a un 71%.
También el instituto Ibope publicó otro sondeo en el cual asegura que el 69% de los encuestados consideran que el actual Gobierno barsileño es “malo” o “terrible”.
Ante eso, el pasado 2 de octubre, la presidenta decidió modificar su gabinete, reducir el número de ministerios, y anunciar un recorte de gastos; este último consistió en disminuir en 10% el salario de los ministros, 20% los gastos en los ministerios y la reducción de gastos en viajes y telefonía celular.
En el cambio del gabinete, Rousseff le otorgó un puesto al Partido Movimiento Democrático (PMDB). Medios de comunicación locales aseguran que con esa decisión, la presidenta “busca asegurar el apoyo del partido para las reformas fiscales y bloquear los esfuerzos de algunos congresistas por iniciar el proceso de destitución”.