Colombianos deportados de Venezuela denuncian malos tratos

La larga espera para regresar a su país de origen los hace pernoctar en las calles, debido a que muchas de sus casas han sido demolidas; en la mayoría de los casos, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no les permiten recoger sus pertenencias.

Muchas mujeres con sus hijos son separadas de sus esposos, quienes son investigados, detenidos y acusados de paramilitares en territorio venezolano.

A jóvenes y adultos que contaban con sus cédulas de identidad de extranjeros, les quitaron sus identificaciones y sin mediar palabras también fueron deportados, solo por ser colombianos.

En territorio venezolano, en los lugares donde aglomeran a colombianos a deportar, no les ofrecen comida ni hidratación, los sentimientos encontrados y todos los maltratos vividos hacen que muchas de las víctimas se desvanezcan.

Esta es la situación que están viviendo los colombianos que están siendo deportados por las autoridades venezolanas, en medio del estado de excepción que se vive en el fronterizo estado venezolano de Táchira.

Más de mil colombianos han sido deportados desde Venezuela en tan solo cinco días. Desde Cúcuta, el municipio que los recibe, denuncian haber sido engañados y vejados por las autoridades venezolanas.

Donamaris Ramírez, alcalde de esa ciudad en la frontera colombo-venezolana, informó aPanAm Post que hasta la mañana de este martes, la cifra oficial de deportados en su país era de 891 colombianos, pero que otros cientos de personas con pánico deciden regresar a través del río, sin importar el riesgo que corran sus vidas.

Informó que la Cancillería colombiana está estudiando y resolviendo los casos de familias separadas por las deportaciones masivas.

Ramírez calificó la expulsión de colombianos como una “medida antibolivariana” asumida por Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela; expresó que se trata de gente muy humilde que no son integrantes de bandas, ni paramilitares, y que aún así “han sido maltratados, los separan de sus familias, no les dan de comer y los tratan indignamente”.

El alcalde dijo que está de acuerdo con combatir el contrabando en la región, por lo que instó al Gobierno venezolano a revisar si realmente las personas deportadas son delincuentes, y a estudiar de qué manera la guardia venezolana y los militares tanto colombianos como venezolanos están involucrados en esa actividad ilegal.

Mesías Gualdrón, un comerciante colombiano con resistencia en Cúcuta, colabora con dar asistencia a sus compatriotas repatriados; contó aPanAm Post que “la Guardia Nacional Bolivariana les dice a los colombianos en frontera que les harán un censo, los sacan de sus casas y los deportan”.

Gualdrón se encuentra en el Colegio La Frontera, lugar que funciona para albergar a los niños y mujeres expulsados de Venezuela. Informó que los rostros reflejan tristeza y desolación por el maltrato que han vivido.

“Las mujeres son separadas de sus esposos, hay niños retenidos en Venezuela mientras deportan a sus papás, no sabemos por qué”, expresó.

Gualdrón solicitó apoyo a todos los ciudadanos colombianos que deseen colaborar con los deportados, informó que hacen falta víveres, ropa, utensilios de aseo y leche para niños recién nacidos; esto debido a que en muchos casos los funcionarios venezolanos no permiten que quienes serán repatriados puedan acceder a sus pertenencias.

En Venezuela, anaqueles continúan vacíos pero sí hay gasolina

Lorena Arráiz, periodista venezolana y corresponsal del diario El Universal en el estado Táchira, dijo a PanAm Post que muchas personas están sufriendo por la situación.

“El padre de un señor en Cúcuta murió, él estaba en Táchira, por el cierre de frontera no podía ir a retirar el cadáver de su papá ni acercarse al puente para que le dieran el acta de defunción con la cual pedir permiso para pasar”, contó Arráiz. Dijo también que hay muchos ancianos deportados que no tienen familia en Colombia y se quedarían solos.

La periodista afirmó que la situación es muy tensa y la población está sufriendo; aseguró que aunque desde hace años se ha mantenido un alto número de criminalidad, extorsión, sicariatos y secuestros, hay mucha gente que no tiene que ver y están siendo severamente afectadas por las prácticas de deportación.

Informó además que la Cruz Roja venezolana se mantiene atendiendo a pacientes oncológicos, personas que ameritan diálisis y otros tratamientos y que todos los días cruzaban del Táchira a Cúcuta para recibirlos.

En relación con la efectividad de la medida asumida por el Gobierno venezolano, dijo que solo cuenta con la información ofrecida por fuentes oficiales, pero que de primera mano desconoce quiénes han sido los detenidos con los operativos y si realmente son paramilitares o no.

Afirmó que los anaqueles aún se encuentran vacíos, y explicó que aunque “los bachaqueros” sí traficaban alimentos y productos básicos hacia Colombia, esa no es la razón principal por la que persiste la escasez sino la falta de producción en el país.

“A los anaqueles no han llegado productos como aceite, leche en polvo, jabón para lavar ropa, desodorante, sigue esa limitante (…) ayer en un local comercial hubo aceite, esa era la buena noticia, pero el precio era 300 bolívares, no es cierto que los anaqueles estén llenos”, aseveró.

Informó que en cambio, las filas de carros para adquirir combustible en las estaciones de servicio han desaparecido, a lo que agregó que es buena señal pues muchos de ellos utilizaban la gasolina para llevarla ilegalmente hacia Colombia.

Pero advirtió que hay riesgo de una “terrible contaminación ambiental” en la frontera, producto de que personas que tenían el contrabando de gasolina, están desviando el combustible por cañerías, lo que causaría más explosiones; informó que este lunes hubo una en el barrio La Esperanza.

El pasado jueves 20 de agosto, tras un ataque a militares, Venezuela cerró su frontera con Colombia por el estado Táchira; la acción que duraría 72 horas se prolongó indefinidamente y además, el decreto Nº 6.194, firmado por Maduro, estableció un estado de excepción por al menos 60 días.

La medida ha sido implementada en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta, todos ubicados en el estado Táchira en la frontera con Cúcuta al Norte de Santander (Colombia).

Sabrina Martín, Panampost.com

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