Un supuesto delito electoral podría dejar a más de 200 candidatos bolivianos de la opositora alianza de la Unidad Demócrata (UD) al margen de las próximas elecciones regionales del 29 de marzo en el Departamento del Beni, al noreste del país.
La demanda, presentada por Vanesa Tirina, del partido Nacionalidades Autónomas por el Cambio y el Empoderamiento (Nacer) y candidata a concejal en la ciudad de Riberalta, sostiene que el jefe de campaña de la UD y actual gobernador del Beni, Carmelo Lens, infringió la ley electoral al revelar en una conferencia de prensa los resultados de una encuesta sin estar autorizado para hacerlo.
El pasado lunes 16 de marzo, el Tribunal Electoral Departamental declaró probada la infracción de la UD y multó a la agrupación con Bol 8.500 (unos US$1.400) por el hecho. Ahora, la decisión recaerá en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que podría dejar a la alianza sin personería jurídica, y al Beni sin su principal aspirante a la gobernación, Ernesto Suárez.
Pese a que los vocales del TSE anticiparon que este viernes emitirían un fallo, una presentación de último momento podría demorarlo.
“En minutos estamos presentando ya una nota al Tribunal Constitucional [Plurinacional] pidiendo medidas precautorias y en horas de la tarde también estamos enviando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la misma nota pidiendo medidas precautorias”,dijo Suárez, que busca que el TSE expida cuanto antes su decisión sobre la constitucionalidad de la prohibición para publicar encuestas.
Según el régimen electoral boliviano, las organizaciones políticas tienen prohibida la difusión de “estudios de opinión en materia electoral”. La violación a esta norma acarrea la “cancelación inmediata de su personalidad jurídica” más una sanción económica. Una medida en este sentido impediría la participación en elecciones de 228 candidatos a cargos locales, municipales y estatales.
El riesgo de perder la personería existe porque en Bolivia “ya no se vive en un Estado de Derecho”, dijo a PanAm Post el jefe de la bancada de UD en el Senado, Oscar Ortiz.
“Que un jefe de campaña haya comentado resultados de una encuesta propia no significa que, en el sentido que manda la ley, se haya difundido de manera paga en distintos medios de comunicación”, señaló.
Entre los principales perjudicados por una eventual sanción se encuentran Moisés Shirqui, candidato a alcalde de Trinidad, que pelea cabeza a cabeza con el candidato del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Rolf Kohler; y Ernesto Suárez, favorito para obtener la gobernación del Beni.
En protesta de lo que la UD considera una actitud injusta, los candidatos iniciaron desde el martes una huelga de hambre y acamparon en la plaza Abaroa en La Paz, frente a los tribunales electorales.
La manifestación, encabezada por el propio Suárez, cuenta con un libro de firmas para que los candidatos paceños puedan expresar su apoyo.
Contraofensiva
La pasada semana una diputada de la UD presentó ante el Tribunal Distrital de La Paz una demanda similar contra MAS por comentar sobre encuestas electorales difundidas por un medio. Sin embargo, la demanda fue rechazada por carecer de pruebas, indicó Marcelo Valdez, presidente del organismo. Para el senador Ortiz, esta actitud demuestra que “no se aplica la ley para todos”.
“Esto responde a una estrategia burda de parte del MAS para ganar las elecciones, sacando a los candidatos que no le han podido ganar en todos estos años. En Beni el oficialismo nunca ha podido ganar una elección. Ernesto Suárez tiene todas las posibilidades de ganar esta elección”, sentenció Ortiz.
Suárez, declaró que más allá de la resolución que tome el TSE con respecto a su futuro político, el continuará con la campaña electoral.
“Yo voy a iniciar una gira el sábado 21 (de marzo), al margen del resultado que se tenga, pidiendo al departamento del Beni que siga la línea de votar por UD; aunque no estemos en carrera electoral, vamos a mostrarle al país por qué nos sacaron”, expresó Suárez.
El próximo 29 de marzo los bolivianos acudirán a las urnas para elegir gobernadores en los nueve departamentos y alcaldes para las 339 municipalidades. Además, también votarán para designar a asambleístas o legisladores departamentales y a concejales municipales.
Según sondeos, el oficialismo obtendría la victoria a nivel departamental en cinco distritos, mientras que en otros tres distritos se proyecta una segunda vuelta, programada para el 3 de mayo. Sin embargo, más del 20% todavía no ha definido su voto.