En Guatemala, después de ocho años de estar “engavetada”, la Ley Nacional de la Juventud, que fue promovida en 2008 por el Partido Patriota (PP), está a un paso de aprobarse en el Congreso, pues su discusión fue retomada por otros grupos políticos, después de los escándalos de corrupción en los que se vio envuelto el PP.
Esta iniciativa ha generado polémicas, ya que se ha cabildeado para que esta incluya el “derecho a una educación sexual integral, científica y laica, así como la no discriminación y estigma”; y el acceso a anticonceptivos e información sobre planificación familiar.
Estas enmiendas se aprobaron la semana pasada, a excepción de la última, que sigue en discusión. Pero antes que la ley sea aprobada en su totalidad, la Conferencia Episcopal (CEG) y la Alianza Evangélica (AE) se pronunciaron este 8 de febrero y aseguraron que “se está violentando la naturaleza de la sexualidad”.
Álvaro Ramazzini, secretario de la CEG, y César Velásquez, presidente de AE, adviertieron usar los recursos legales a su alcance para evitar que esta ley entre en vigencia.
El rechazo es para los artículos 5, 10, 11, 17, y para uno nuevo. Los primeros tres garantizan educación sexual a los jóvenes y les permiten acceso a “anticonceptivos modernos”, frase que fue interpretada por algunos diputados como una medida que podría promover el aborto.
En el artículo 5, la ley garantiza a los jóvenes una salud integral y diferenciada, así como educación integral en sexualidad. Por su parte los artículos 10 y 11 garantizaban “el acceso a métodos anticonceptivos modernos”, y eso se interpretó como vía libre al aborto, pero fue modificado, por lo que se aprobó sin ese criterio.
Con el artículo 17 se obliga al Estado a proveer anticonceptivos. Al respecto, un legislador de un bloque mayoritario advirtió: “Además de que se les da vía libre a tener relaciones sexuales, el Gobierno les tendrá que pagar los anticonceptivos”.
No todo trata de contracepción
El nuevo artículo, que entraría a través de una moción, promueve un incremento de 5% a 6% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se paga sobre las utilidades o ganancias empresariales, cuyo 50% se destinaría para financiar la salud, y el resto, la Secretaría de la Juventud, que se crea con la propuesta que está detenida.
Con la normativa se crea la Secretaría de la Juventud, y para dotarla de recursos se contempla que se le destine un porcentaje del impuesto al tabaco, pero como en la actualidad este va a salud, se modificó y se propuso incrementar el ISR a las utilidades.
Este incremento al ISR se haría vía reforma al artículo 93 de la Ley de Actualización Tributaria, que aumenta los impuestos de distribución de dividendos, utilidades y ganancias. Estas reformas afectarían directamente a los accionistas y dueños de las empresas quienes actualmente pagan 5% de ISR y, si se aprueba la ley, pagarán 6%.
“Esta es una ley política”
Pero para el sector juventud, esta ley no hace suficiente con el solo tema de los anticonceptivos y no debe ser utilizada para incrementar la carga fiscal así como la burocracia.
PanAm Post abordó a Allan Ortíz, fundador de la organización no gubernamental de juventud Guate Activa, quien apuntó que “esta es una ley política, que negociaron los diputados para poder encontrar más gasto público y justificar más burocracia, esto no es una Ley de Juventud. Lo que hicieron para conseguir el apoyo de algunos sectores fue incluir la parte polémica de los anticonceptivos”
“Pero ni la parte de los anticonceptivos es suficiente, lo que deben hacer es abrir una mesa de diálogo en donde todos los jóvenes guatemaltecos podamos expresar realmente lo que de verdad nos conviene y lo que de verdad queremos, no que pongan lo que ellos piensan” detalló Ortíz.
En cuanto a las ONG de juventud que muestran apoyo a esta iniciativa Ortíz dice “estas reciben financiamiento y están apoyando esta ley enmarcándose en un acuerdo político, pero nosotros no podemos conformarnos con ello; debemos pensar más en grande y ser más ambiciosos para que resulte algo que de verdad llene nuestras necesidades. No le estamos diciendo no a la ley, sino que queremos que se reforme para que esta sea funcional”.
Ortíz dijo a PanAm Post que dentro de Guate Activa lo que creen es que “esta es una ley que estuvo engavetada 8 años y no es representativa de la ciudadanía activa de hoy y lo que queremos es un espacio público en donde de verdad podamos participar como jóvenes menores de 30 años en la construcción de una genuina ley de la juventud que represente no solo nuestros intereses sino nuestras necesidades”.
“Los jóvenes no estamos pidiendo más impuestos ni más burocracia, ¿Qué les hace pensar que eso queremos?” concluyó el activista.