Los campesinos y productores afectados por las expropiaciones de tierras en los sectores aledaños al área donde se construirá el Canal de Nicaragua ya han realizado al menos 60 marchas para reclamar a las autoridades que los precios en los que están calculando el valor de sus viviendas y terrenos está muy por debajo de lo establecido en el mercado local.
La más reciente manifestación se realizó el pasado jueves 28 de enero, en la población de El Tulé, donde las decenas de protestantes piden la derogación de la Ley 840, relacionada con el desarrollo de infraestructura, transporte nicaragüense atinente al Canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas.
El artículo 12 de esta ley, aprobada en 2013, señala que es de interés público del pueblo de Nicaragua “la expropiación de cualquier bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar todo o una parte del proyecto —el Canal—”, ya sea propiedad privada o propiedad comunal de las regiones autónomas o de las comunidades indígenas.
Será responsabilidad del Consorcio chino HKND, a quién se le entregó la concesión para la construcción y manejo de este proyecto, el que decidirá, a través de la comisión encargada, cuáles serán las propiedades a expropiar, y según lo que establece la ley, todas serán pagadas al precio de catastro para el momento en que se aprobó el texto, en 2013, es decir, que si en la actualidad hubo un incremento del precio en el mercado, en comparación con hace dos años, el propietario tendrá pérdidas en la indemnización que recibirá.
Medios internacionales reportaron que los manifestantes marcharon un kilómetro, desde la comunidad de Las Argentinas, y que en la protestas además de los afectados, participaron también los representantes del Consejo Nacional en Defensa del Lago y la Soberanía.
Según el proyecto de ley, el costo de la obra será de US$40.000 millones. La mayoría de las protestas contra la construcción del Canal de Nicaragua se han centrado precisamente en la zona de El Tulé, un área productora de Nicaragua. Los campesinos reclaman a las autoridades que desde que se aprobó la construcción del Canal, se han descuidado las obras para mejorar los caminos utilizados por ellos para sacar de la región todo lo que se produce, por lo tanto, exigen que les presten atención.
Las protestas relacionadas con este megaproyecto de construcción a desarrollarse en Nicaragua surgieron prácticamente en el mismo momento en que el presidente Daniel Ortega lo anunció, en 2013, porque después de aprobar la ley en tan solo un día, de inmediato se le otorgó la concesión del consorcio chino HKND Group (Hong Kong Nicaraguan Canal Development Investiment Group), el cual planea desarrollar el canal, dos puertos, carreteras, un lago artificial, complejos turísticos y una zona comercial libre, todo con base en el plan inicial de conectar el océano Pacífico con el Atlántico, al igual que lo hicieron hace cien años los estadounidenses con Panamá.
Se tiene previsto que la obra sea entregada, ya concluida, en 2020, según las estimaciones hechas por los desarrolladores de la planificación. Sin embargo, el otorgamiento de la concesión a la compañía china le da a ellos la potestad de explotar el uso de sus recursos naturales por más de 100 años.
Especialmente este tema ha generado numerosas manifestaciones por parte de grupos ambientalistas que han señalado el grave daño al ecosistema del país centroamericano que generará la intervención de la zona donde pretenden erigir la obra. Sin embargo, en noviembre de 2015 la Comisión del Gran Canal Intraoceánico de Nicaragua, que es un grupo estatal, aprobó los estudios del impacto ambiental y social que tendrá el proyecto.
Según las estimaciones del proyecto de construcción, la nueva vía acuática tendrá una extensión de 276 kilómetros de largo, entre las costas del Atlántico y el Pacífico de Nicaragua, y en sus puntos más anchos tendrá una distancia de 520 metros, por 30 metros de profundidad.
Entre las críticas que los ecologistas han hecho al plan de la construcción está los daños que podría sufrir el Lago de Nicaragua, que es considerado la reserva de agua dulce más grande de Centroamérica.