Suspendieron la personería jurídica de la Tupac Amaru y la Justicia imputó a Milagro Sala

Con un ultimátum, Gerardo Morales intentó ayer desactivar el campamento que se montó días atrás frente a la Casa de Gobierno de Jujuy con numerosas cooperativas que se oponían al sistema de reempadronamiento que impulsó el Ejecutivo para regularizar el funcionamiento de los programas y planes sociales. El objetivo se logró a medias: la presión funcionó para algunos de esos grupos, pero para otros no.

La Tupac Amaru, agrupación que lidera Milagro Sala y que la UCR ha acusado de montar un gobierno paralelo durante la gestión del PJ apoyada en redes de clientelismo, no acató los requerimientos y adelantó que continuará su plan de lucha. “Hemos leído el decreto artículo por artículo y no nos asusta. Queremos diálogo, vamos a estar acá y así amenace vamos a seguir acá. Puede presentar 10 mil decretos, 10 mil denuncias, pero a la dignidad de los compañeros no las va a doblegar con denuncias ni con decretos”, lanzó la dirigente esta tarde tras una asamblea.

La resistencia tuvo sus costos. Desde las 0 de ese jueves la Tupac Amarú perdió su personería jurídica y con ello se cerraron sus cuentas bancarias. De ese modo quedó imposibilitada de acceder a los bolsones de mercadería, y programas de construcción de obras y accesos a viviendas.

“No van a tener acceso a nada que el Estado tenga para ayuda de la gente, ya sea en sistema de capacitación, cooperativas, bolsones, subsidios de ningún tipo; significa también el cierre de sus cuentas bancarias”, dijo el ministro de Gobierno Agustín Perassi, según recoge El Tribuno.

Pero además Sala aquejó otro impacto. La medida logró fracturar el frente de cooperativas que llevaba adelante el reclamo. Al menos 8 de las 16 que acampaban en el lugar resolvieron dejar atrás la protesta.

“Siempre dijimos que las organizaciones sociales son autónomas. Decidieron irse y somos respetuosos de eso”, dijo Sala al respecto. “Había mucha gente que nunca estuvo acampando con nosotros y tampoco pertenecen a las organizaciones sociales”, añadió.

Mientras el gobierno provincial define cómo avanzar en el desalojo del acampe, la Justicia imputó a la diputada del Parlasur por instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real a raíz de la denuncia que hizo el Ejecutivo, informó Jujuy Online.

Infobae

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