Legisladores argentinos se reunieron el martes 24 en el anexo de la Cámara de Diputados, para debatir la posibilidad de sancionar a Venezuela y excluir a este país del grupo de Mercosur (Mercado Común del Sur) tras la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y lo que los parlamentarios consideran constantes violaciones a los Derechos Humanos en el país caribeño.
Estuvieron presentes los diputados nacionales miembros de la comisión del Mercosur, representantes de organizaciones de Derechos Humanos, la agrupación Una voz por Venezuela, periodistas y miembros de la sociedad civil.
Activistas venezolanos protestaron frente al Congreso argentino
El objetivo de la reunión era conocer los puntos de vista de los distintos sectores políticos, a la vez que escuchar las declaraciones de los venezolanos allí presentes. No estuvo presente, sin embargo, ningún representante del oficialismo, ni argentino ni venezolano.
El presidente de la Comisión, el diputado opositor Roberto Pradines, indicó que “el tratado de Ushuaia II [conocido también como el Protocolo de Montevideo] establece la cláusula democrática de los países miembros, que impide puntualmente perseguir o detener a quien opine distinto al pensamiento del gobierno”.
Todos los presentes concordaron que el arresto del intendente de Caracas, el viernes pasado, fue “una violación al régimen institucional y democrático”.
De esta manera, al ser Venezuela un miembro pleno de Mercosur, debe respetar las cláusulas democráticas de los tratados internacionales.
“Algunos países del Mercosur tienen un mutismo”, señaló en relación al silencio de la mayoría de las naciones miembros, tras el arresto de Ledezma.
Tras sus palabras, Luis Maldonado, director adjunto de Una Voz por Venezuela, leyó una petición de su organización para que Mercosur tome la determinación de sancionar a Venezuela.
“Instamos a ustedes ( la comisión) a una intervención inmediata, basada en el protocolo de democracia de Montevideo. Exigimos la ejecución de acciones”, solicitó el activista de Derechos Humanos.
Indicó que es frágil la situación que viven los estudiantes en su país, y que hoy existen 98 presos políticos “por el simple hecho de haber pensado diferente”.
Maldonado hizo mención a “La Tumba”, la prisión subterránea en la que está detenido un grupo de estudiantes. “Están en condiciones infrahumanas”, añadió. Entre los detenidos en “La Tumba” hay tres jóvenes que llevan ya 17 días en huelga de hambre para exigir su liberación.
El diputado Sergio Bergman se solidarizó con las protestas a favor de los DD.HH. en Venezuela. (PanAm Post)
Por su parte, la diputada Patricia Bullrich declaró que “Ledezma está preso por sus ideas; por firmar un documento que a Maduro no le gustó”.
Instó a que el canciller argentino Héctor Timerman respete los acuerdos internacionales, y actúe cuando algún país miembro de alguna alianza viole las cláusulas democráticas. Por esto, presentará un documento en el Congreso para pedir las sanciones pertinentes.
“Se ha echado del Mercosur a Paraguay (…) Ahora no se quiere intervenir, por afinidad ideológica. Por eso vamos a ir a en el Congreso al Gobierno que actúe”, explicó Bullrich.
El diputado Sergio Bergman ironizó al llamar a la presidenta “Cristina Fernández de Chávez” e insistió en que Maduro cuenta con la complicidad del Gobierno argentino.
El apoyo venezolano en Argentina
Al finalizar la reunión de la Comisión, el diputado Bergman y la diputada Cornelia Schmidt se sumaron a los casi 80 activistas que se manifestaron frente al Congreso Nacional.
Los activistas llevaron una bandera venezolana y mostraron carteles en alusión a la censura a los medios de comunicación y el silencio de los países del Mercosur luego de la detención de Ledezma. También se vieron leyendas de “Liberen a Ledezma” y “Abajo cadenas”.
Los organizadores de la marcha fueron los representantes de Una Voz por Venezuela y un grupo de jóvenes activistas liberales que buscaron encender preocupación sobre la actualidad político social del país que gobierna Nicolás Maduro.
El tratado que avalaría el pedido de expulsión
Voceros del encuentro señalaron que el documento que el “Protocolo de Montevideo sobre compromiso con la democracia en el Mercosur”, (Ushuaia II), firmado por los presidentes del grupo, establece una serie de situaciones en las que de darse, los funcionarios de cada país podrían peticionar la expulsión de otra nación del Mercosur.
En su artículo 3, el documento insta a los Presidentes a que interpongan “sus buenos oficios” y que realicen “gestiones diplomáticas para promover el restablecimiento de la democracia en el país afectado”.
Por su parte, el artículo 6 establece que “en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático en una parte del presente Protocolo, los Presidentes de las demás partes —o en su defecto los ministros de Relaciones Exteriores, en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común— podrán establecer, entro otros (a) suspender el derecho a participar en los distintos órganos de la estructura institucional del Mercosur, (b) cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres”, entre otras cuestiones.