Es lo que afirman los partidarios del “anarco-capitalismo”, teoría del economista Murray Rothbard (1926-1995), y de los “libertarios” que se niegan a combatir eficazmente contra el socialismo, para no perturbar su comodidad incursionando en la actividad política a favor del liberalismo. Pero muchos lo hacen a favor del marxismo cultural, abogando por el aborto y el matrimonio homosexual.
Su pretexto es que persiguen “la supresión del Estado”, vieja declaración que en tiempos de Marx y Engels compartían anarquistas y comunistas. Pero estos anarquistas de ahora, afirman promover el capitalismo, sistema que según ellos no requiere Gobiernos ni impuestos para funcionar. La seguridad, la justicia y las obras de infraestructura, funciones propias del Estado, podrían pagarse con precios, voluntariamente según ellos, a compañías privadas, que los ofrecerían en libre competencia.
A ver. Suponiendo que un país, una ciudad, o un sector de la ciudad, optara por tal sistema, y empresas privadas ofrecieran vigilancia, tribunales de justicia, caminos y carreteras, alcantarillas y desagües, etc., que los ciudadanos o vecinos podrían (¿o deberían?) pagar con precios, ¿qué pasaría con quienes no quisieran pagar? De igual forma serían beneficiados con estos servicios en el país, o el barrio. Si suficientes personas pagasen patrullas de policía y juzgados contra los ladrones, y calles bien pavimentadas además de seguras, los no pagadores aprovecharían igualmente, y de ningún modo sería posible excluirles, más aún predominando el “principio de no agresión”, sagrado para el rothbardismo.
Este “el problema del polizón” (free-rider) viejo conocido en Economía y ciencias sociales. Tal vez los anarco-capitalistas sean potenciales “polizones”, que no querrían pagar por estos bienes de uso común, los “bienes públicos”, como les llama la teoría económica sensata, desde la Escolástica medieval hasta la Escuela italiana de la Hacienda Pública. Tal vez quieren “cosas gratis”, que otros paguen, como los socialistas. De todos modos, sus argumentos no son racionales, ni morales.
Los bienes “públicos” son (1) indivisibles y no rivales en consumo, porque su uso por una persona no impide su uso por otras; y (2) de exclusión imposible a los no pagadores, por el factor apuntado, en seguridad, justicia y obras de infraestructura física, las tres funciones estatales propias. La doctrina del liberalismo clásico ve estos tres como bienes públicos, y únicos; no hay otros. Por eso el impuesto necesario y suficiente para financiarlos, es razonable y moral; no es robo: es “impuesto justo”. Pero si excede ese límite, no es razonable, moral ni justo; es robo, y éticamente lícita su evasión.
Los anarco-capitalistas, al igual que las izquierdas, en lugar de defender sus insostenibles posturas, lo que hacen es atacar a las contrarias. Alegan la tendencia de los poderosos a expandir su poder, por lo que sería “imposible”, según ellos, un Gobierno limitado que se conserve dentro de sus límites.
Es tendencia es muy real; es una de las manifestaciones del pecado, que los “ancaps” entenderían mejor si leyeran la Biblia, por ej. en el capítulo 12 del libro I de los Reyes de Israel, la secesión (separación) de los contribuyentes de impuestos de las tribus del norte contra el Rey Roboam. Este capítulo inspiró una larga historia de lucha contra la injusticia fiscal en Occidente, por ej. “revueltas de pecheros” en España (siglo XII, y en Hispanoamérica en días de la Corona), la Carta Magna contra el Rey Juan Sin Tierra en Londres (1215), y la “rebelión del té” en Boston (1773), precursora de la Independencia de EE.UU. Inspiró también el principio “no impuesto sin representación”, y las dos instituciones dirigidas a garantizarlo, conservando a los Gobiernos dentro de sus justos límites: el Parlamento, y la democracia “representativa”.
Inspirados en estos antecedentes, los liberales clásicos tenemos una propuesta: el impuesto plano que llamamos “de las tres U”, porque será Único (ese solo); Universal (sin excepciones); y Uniforme (igual para todos), con una tasa de 5 %, que puede ser indirecto, a las compras, a cobrarse electrónicamente como hoy el IVA por ej., en tiendas, automercados, cafeterías, etc. Simple.
Hoy los Gobiernos están absurdamente extralimitados, por eso el gasto fiscal es exorbitante, y hay más de 25 impuestos en cada país, promedio; y la enorme mayoría de contribuyentes es confiscada y expoliada, obligada a trabajar para el Estado casi la mitad del año, a fin de sostener una gran masa de “consumidores netos de impuestos”. No es justo, es en extremo irracional e inmoral.
¿Pero por qué? Simple: porque desde hace 200 años, los socialistas han tratado bienes privados como si fueran públicos; así han usurpado funciones, confiscando empresas y bancos, centros educativos y hospitales, Cajas de Jubilaciones, etc., las han sumado al patrimonio estatal, y pretendido financiarlas con impuestos. Y ha ocurrido porque las grandes mayorías hemos descuidado nuestra “representación” en el Parlamento, dejando que cualquiera sea diputado o senador. Así los grupos de izquierdas, aunque muy minoritarios, han tenido poder para meterse al Congreso, y sancionar como “leyes” nacionales todas las directivas de las organizaciones y Agencias de la ONU, controladas por el pensamiento marxista, disfrazadas de “convenios y tratados internacionales”.
La solución: organizarnos en partidos políticos los liberales, ganar representación parlamentaria para las grandes mayorías, y revertir todo esto, recuperando la soberanía nacional, derogando todas las leyes malas, e impulsando las Cinco Reformas, a fin de devolver a la gente las funciones, los poderes (libertades), y los recursos usurpados. Hemos comenzado en varios países.
Los anarco-capitalistas no quieren. Pero ellos, como los “polizones”, van a aprovechar de todos los beneficios de las reformas, aunque sin pagar el precio. No importa, nosotros igual seguimos adelante.
¡Hasta la próxima!