Está en riesgo el proceso político institucional democrático en Haití, razón por la cual la Organización de Estados Americanos (OEA) enviará a ese país una misión especial de mediación.
La nación caribeña está a punto de transitar por un vacío de poder, pues una vez que el actual presidente Michel Martelly deje su cargo el próximo 7 de febrero, no hay quién lo reemplace, porque las elecciones presidenciales pautadas para el pasado 24 de enero fueron suspendidas por “razones de seguridad”.
El mandatario saliente se vio obligado a solicitar, vía telefónica, al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el envío de los misión con base en el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, la cual establece que cuando el Gobierno de un Estado miembro considere “que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder”, podrá recurrir a la OEA “a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.
En una sesión extraordinaria, los Estados miembros discutieron la posibilidad de que en Haití se constituya un Gobierno de transición.
“La solución para Haití es un Gobierno de transición que proporcione estabilidad y, después, garantice que puedan celebrarse unas elecciones creíbles (…) uno de los propósitos inmediatos de este Gobierno de transición debería ser el restaurar la estabilidad política y social del país y crear un mínimo de confianza entre los actores políticos”, aseveró Almagro.
Se intensifican las protestas
Tanto la oposición haitiana como simpatizantes del oficialismo no han dejado de protestar y salir a las calles para exigir, por un lado, un Gobierno de transición, y por otro, que se efectúen las elecciones.
Pero el país caribeño se mantiene en incertidumbre desde finales de 2015 por las manifestaciones que han estado a la orden del día, enmarcadas todas ellas en denuncias de fraude electoral comprobado y admitido por el mismo Consejo Electoral Provisorio (CEP).
La oposición de ese país, que está a favor de la creación de un Gobierno de transición, logró que tras la organización de diversas protestas con amenazas de violencia se suspendieran los comicios.
Este sector alega que de antemano las elecciones estaban arregladas a favor del candidato del oficialismo Jovenel Moise. El pasado jueves 21 de enero, tomaron las calles, incendiaron automóviles y se enfrentaron a la policía, obligando a las autoridades de ese país a que suspendieran la jornada electoral.
En las manifestaciones opositoras en las que participan miles de haitianos, no sólo exigen la renuncia del actual mandatario Michel Martelly, también solicitan la renuncia de los miembros del CEP, por estar presuntamente involucrados en el fraude electoral y en favoritismo con el oficialismo.
Del Consejo Electoral Provisorio ya han renunciado cinco de sus nueve integrantes, mientras que un sexto fue suspendido bajo acusaciones de supuesta corrupción.
Comunidad Internacional “sobre Haití”
Luego de conocerse la decisión del CEP, de postergar las elecciones presidenciales, la Organización de las Naciones Unidas, observadores electorales internacionales y Gobierno extranjeros exhortaron a los actores políticos de Haití a que busquen una solución ante la presente amenaza de convertirse pronto en una crisis constitucional.
La Constitución haitiana prevé el cambio de Gobierno para el próximo 7 de febrero, pero las autoridades electorales de ese país aseguran que no existe posibilidad de que la nación elija al próximo presidente antes de esa fecha.
En un comunicado, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon instó a los haitianos a trabajar hacia “la consumación pacífica del proceso electoral sin demora”.
Por su parte, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) designó una misión de cancilleres para explorar la situación actual en Haití, entre ellos estarán los representantes de Uruguay, Venezuela, Ecuador y Bahamas.
A las elecciones previstas para el pasado 24 de enero estaban convocados Moise y el opositor Jude Celestin, quien se negó a participar en el balotaje por el fraude cometido en los comicios de octubre.
Una comisión independiente nombrada por el presidente del país, Michel Martelly, para investigar los resultados de esos comicios, también determinó que el proceso estuvo plagado de “serias irregularidades”, al tiempo que recomendó una serie de medidas como el sometimiento a la Justicia de funcionarios electorales y la elaboración de una nueva lista de votantes.