El gobierno enviará el 1° de marzo al Congreso un conjunto de proyectos de ley para luchar contra la corrupción, entre ellos de acceso a la información pública, del arrepentido y de recuperación de bienes contra funcionarios corruptos. Así lo anunció hoy la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso.
Así Alonso, de quien depende la Oficina Anticorrupción, prometió que con esas leyes y otro conjunto de medidas “en cuatro años” va a sacar a la Argentina de los peores posiciones en el ránking mundial de la corrupción.
La ley del arrepentido permitirá a jueces y fiscales cambiar una reducción de penas por información relevante que permita probar casos de corrupción y la de extinción de dominio permitirá no solo condenar a funcionarios corruptos sino embargales y luego recuperar los bienes mal habidos.
“Sabemos que es difícil modificar el resultado de estos índices de un año para el otro, por eso el plan de trabajo es a mediano y largo plazo”, agregó en alusión a la encuesta de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional que le dio al último año de la gestión de Cristina Kirchner otro aplazo: 32 puntos sobre 100.
Alonso subrayó que “la corrupción es como la enfermedad: es siempre preferible prevenirla. Por eso haremos hincapié en incrementar la transparencia, para que haya menos posibilidades de intercambios corruptos”.
Explicó que “la transparencia y la ética son una prioridad del gobierno nacional que debe ser acompañada por los demás poderes del Estado, las empresas públicas y los entes descentralizados, como PAMI, el Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y también YPF, entre otros.
Comentó que “los organismos de control deben ser reconstruidos y fortalecidos” y ya trabamos en red con fiscalía de investigaciones administrativas y la SIGEN, entre otros.
Además, Alonso aseguró: “El 1 de marzo pediremos al Congreso que sancione en 2016, sin mayores dilaciones, una ley de acceso a la información pública, las leyes del arrepentido para casos de corrupción y de extinción de dominio para recuperar el dinero y los bienes que ex funcionarios y su entorno no puedan justificar, y cuyo origen esté vinculado a la comisión de delitos contra la administración”.
“Es imperioso que el Congreso comience a debatir una modificación de la Ley de Ética Pública. La reforma que promovió el kirchnerismo en 2013, junto al paquete de la llamada ‘Democratización Judicial’, distorsionó y quebró el sistema de declaraciones juradas que servía para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos y detectar potenciales casos de enriquecimiento ilícito”, aseguró.